Marine Le Pen confirma su candidatura presidencial para 2027 tras un fallo judicial clave

La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, ratificó este martes su postulación a la presidencia de Francia para las elecciones de 2027. El anuncio se dio poco después de conocerse un fallo del Tribunal de Apelación de París que, aunque la condenó a un año de prisión con opción de usar brazalete electrónico por malversación de fondos del Parlamento Europeo, le despejó el camino político al reducir su pena de inhabilitación.

«Sí, seré candidata a las elecciones presidenciales», afirmó Le Pen en una entrevista con el canal TF1, donde estuvo acompañada por Jordan Bardella, actual presidente de su partido, Agrupación Nacional (RN).

La política de 57 años también adelantó que acudirá al Tribunal Supremo para agotar todas las instancias legales en defensa de su inocencia. Este recurso legal congela la aplicación de la condena de manera inmediata. Gracias a esto, Le Pen no se verá obligada a realizar sus actividades de campaña portando el dispositivo de vigilancia electrónica, una condición que ella misma consideraba indispensable para continuar en la carrera por la jefatura del Estado.

Dupla confirmada para el Elíseo

En caso de imponerse en lo que será su cuarto intento por llegar a la presidencia, Le Pen reveló que Jordan Bardella, de 30 años, ocupará el cargo de primer ministro. «Nos complementamos», aseguró la líder al describir la alianza con su delfín político como una «fórmula ganadora» enfocada en la gobernabilidad del país. Al ser consultada sobre un posible escenario adverso en el Tribunal Supremo, se limitó a señalar que «los franceses serán los jueces».

Por su parte, el Tribunal de Apelación de París argumentó que la flexibilización de la inhabilitación frente al fallo de primera instancia —emitido en marzo de 2025— responde a criterios de proporcionalidad. La corte justificó la medida bajo el principio de proteger «la libertad de elección del votante» y el derecho a la postulación democrática, considerando suficiente el tiempo de sanción acumulado desde la primera sentencia para resarcir el daño a la administración pública.