El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, propuso formalmente este lunes activar los mecanismos legales para recuperar los millonarios recursos públicos invertidos en las elecciones generales de 2019. Aquellos comicios fueron anulados tras denuncias y pericias que señalaron un «fraude electoral», desencadenando una crisis política que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
En conferencia de prensa, Goitia calificó ese proceso como un severo daño económico al Estado, argumentando que no trajo ningún beneficio al país y que obligó a organizar nuevos comicios con una «gastadera de plata impresionante». Para viabilizar la demanda, la autoridad electoral presentó cartas oficiales dirigidas al Procurador General del Estado y a las comisiones de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Bs 233 millones sin rédito democrático
La propuesta busca activar un proceso coordinado entre los Órganos del Estado para la devolución de los fondos públicos basándose en los siguientes puntos expuestos por el vocal:
- El monto: La cifra a recuperar asciende a más de Bs 233 millones, lo que equivale aproximadamente a 34 millones de dólares.
- El destino de los fondos: Goitia planteó que, de recuperarse ese dinero, los recursos podrían ser reinyectados al Órgano Electoral para financiar una buena parte de la renovación integral del padrón electoral, una de las demandas más recurrentes de diversos sectores civiles y políticos.
Vinculación con un informe de la CIA sobre Venezuela
Durante su comparecencia, el vocal del TSE trazó un paralelo internacional basándose en información desclasificada recientemente por el gobierno de Estados Unidos:
- El antecedente: Recordó que la administración de Donald Trump hizo público hace pocos días un informe clasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que devela una presunta manipulación sostenida de los sistemas electrónicos de votación en Venezuela para mantener una hegemonía en el poder.
- Exportación del modelo: Goitia afirmó que el documento detalla cómo este sistema de adulteración informática fue exportado a otros Estados de la región. «No es casual que el año 2019 en Bolivia se hubiese llevado un fraude que, como señaló la Organización de Estados Americanos (OEA), implicó una manipulación informática, igual que en Venezuela», concluyó la autoridad.
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