A ocho meses de haber asumido el mandato, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz puso nuevamente bajo la lupa el desempeño de las empresas estatales. A través de la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP), se presentó un diagnóstico financiero enfocado en las 15 compañías públicas más críticas del país, las cuales acumulan pérdidas por Bs 5.177 millones (un 42% del total de las pérdidas acumuladas del sector estatal, que ascienden a Bs 12.742 millones).
Según analistas, este déficit global equivale a unos $us 1.274 millones, representando aproximadamente el 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para esta gestión.
Radiografía del desplome patrimonial y «quiebra técnica»
El informe de la OFEP confirma un severo deterioro patrimonial y financiero en firmas clave creadas durante las últimas dos décadas. Las empresas identificadas con mayor nivel de riesgo son:
- Mayor pérdida patrimonial: Mi Teleférico, cuyo patrimonio neto se redujo drásticamente en Bs 2.039 millones.
- En quiebra técnica: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Empresa Metalúrgica Karachipampa (EMK), la tecnológica Quipus y la textilera Yacana. Todas estas firmas presentan pérdidas acumuladas que superan el capital con el que fueron fundadas.
- Otras en la lista de riesgo: La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), la Empresa Boliviana del Oro (Epcoro) y Transporte Aéreo Militar (TAM), entre otras.
A este panorama se suma una alta dependencia de las arcas del Estado. Las 15 firmas evaluadas recibieron Bs 18.227 millones en créditos estatales, además de Bs 8.154 millones en inyecciones directas de capital y Bs 148 millones en donaciones, mientras arrastran Bs 1.182 millones en cuotas de deuda ya vencidas.
Sin medidas concretas: El Ejecutivo traslada la tarea a los ministerios
Pese a la contundencia del informe presentado por el director de la OFEP, Pablo Camacho, el Órgano Ejecutivo aún no ha definido cuáles empresas serán cerradas, cuáles reestructuradas o cuáles migrarán a esquemas mixtos.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que la decisión política inmediata ha sido otorgar un plazo perentorio a cada ministerio con tuición sobre estas firmas para que diseñen sus propias estrategias de contingencia.
«Ya se tomó la decisión de que cada ministerio (…) tiene que presentar un plan de acción. Ese plan de acción tiene que presentarlo en un tiempo limitado y con sentido de urgencia y rapidez», señaló Lupo, agregando que las auditorías pendientes definirán si algunas empresas se reordenan, pasan a alianzas público-privadas o dejan de operar definitivamente.
Críticas por la lentitud y falta de una hoja de ruta clara
La postergación de decisiones de fondo generó inmediatos cuestionamientos por parte de analistas y economistas, quienes advierten que la inacción agrava el daño fiscal del país.
El economista Rubén Arias calificó de ineficiente que, tras ocho meses en el poder, el Gobierno se limite a emitir un nuevo diagnóstico en lugar de ejecutar medidas administrativas de fondo. «Recibir un reporte así de crítico y que sugiera que los ministerios presenten planes de salvataje no nos parece lo ideal. El Gobierno no está tomando acciones ejecutivas contundentes; lo que está haciendo es lanzar el problema a los ministerios», criticó Arias, remarcando que varias de estas firmas inviables deben cerrarse de inmediato.
Por su parte, el analista Germán Molina coincidió en que la actual administración avanza a un ritmo mucho más lento del prometido a principios de año, cuando se anunció una intervención inmediata. «No tiene un programa económico, no tiene una visión de país y, como consecuencia de ello, están actuando de manera gradual y viendo qué hacer conforme se presentan los problemas», concluyó.
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